III.-Autoridad legítima
Financiación
«Las cruzadas eran caras y tendieron a encarecerse aún más a medida que se incrementaban los costes de la guerra. El papa Urbano II, al darse cuenta de que el dinero iba a ser un problema, había hecho un llamamiento a los ricos para que ayudaran a los menos favorecidos, y los grandes señores de la primera cruzada, como el duque Roberto de Normandía y el conde Raimundo de Saint Gilles, habían subvencionado a sus contingentes de caballeros. No era infrecuente que aquellos que pudieran permitírselo pagaran incentivos a sus seguidores o corrieran con parte de los gastos. Se calcula que el coste total de la cruzada de 1248-1254 para el rey Luis IX de Francia fue de 1.537.570 livres o más de seis veces sus ingresos anuales; y esta cifra se queda corta, ya que se ha demostrado que gastó más de 1.000.000 livres en Palestina después de su desastrosa campaña en Egipto. Pero siempre había caballeros que tenían que empeñarse o vender tierras para cubrir los gastos, y tenemos pruebas documentales de que cada vez eran más reacios a pagar las facturas en solitario. Desde el principio se hizo evidente que era necesario buscar otras fuentes de financiación que no fueran los propios bolsillos de los cruzados.
Los gobernantes empezaron a exigir pagos a sus súbditos. En 1146, Luis VII de Francia negoció una serie de ayudas financieras por parte de las instituciones religiosas y las ciudades de su reino. En 1166, Luis y Enrique II de Inglaterra recaudaron un impuesto para Tierra Santa basado en el valor de los bienes muebles y los ingresos. En 1185 Enrique y Felipe II de Francia aplicaron un impuesto gradual a los ingresos y los bienes muebles y exigieron una décima parte de las limosnas que dejaran los fallecidos en los diez años siguientes al 24 de junio de 1184. Continuaron esta iniciativa en 1188 al imponer el famoso diezmo de Saladino durante un año a los ingresos y bienes muebles de los clérigos y seglares que no tomaran la cruz. En junio de 1201, el legado papal Octavio persuadió a Juan de Inglaterra y a Felipe de Francia para que contribuyeran con un cuarenta por ciento anual de los ingresos de sus tierras y que recaudaran la misma cantidad de las propiedades de sus vasallos. Encontramos este tipo de impuestos esporádicos a lo largo del siglo XIII. Luis IX de Francia, por ejemplo, insistió en que las ciudades le dieran dinero para su cruzada en la década de 1240 y el parlamento inglés concedió a lord Eduardo un veinte por ciento de los ingresos anuales en 1270. En 1274 el papa Gregorio X exigió (ignoramos con qué garantía de éxito) que todos los gobernantes temporales recaudaran un penique de plata de cada súbdito.
Las limosnas y las herencias proporcionaron otra valiosa fuente de ingresos desde el principio y especialmente en el apogeo del entusiasmo popular que siguió a la conquista de Palestina. Los papas ordenaron colocar cofres en las iglesias para recaudar fondos, y desde mediados del siglo XII concedieron indulgencias, aunque no de carácter plenario, a quienes contribuyeran al movimiento de este modo. Al mismo tiempo, alentaban a los fieles a legar sus bienes a Tierra Santa.
Evidentemente, los papas desempeñaban el papel más importante en la financiación de las cruzadas. Supieron explotar los procesos judiciales normales de la Iglesia -con el papado de Gregorio IX y Gregorio X la recaudación por las sanciones impuestas a los blasfemos se enviaban a Tierra Santa-, aunque también adoptaron nuevas medidas. Empezaron a permitir la redención de los votos de la cruzada a cambio de dinero. Varias corrientes de pensamiento promovieron esta iniciativa. En primer lugar, la creencia de que todos debían contribuir de algún modo a la causa se reflejaba en la práctica cada vez más implantada de conceder indulgencias a cambio de donativos, en vez de una participación directa en la cruzada. En segundo lugar, la Iglesia debía enfrentarse a un gran número de personas que no eran capaces de luchar pero que habían tomado la cruz, aunque, como ya hemos visto anteriormente, tampoco podía hacer mucho al respecto. Y tercero, los clérigos y los canonistas tenían que tratar con personas que se habían comprometido a la causa en un arrebato de entusiasmo y después querían ser dispensados de su voto. Desde el siglo X se consideraba enviar a sustitutos a un peregrinaje, y en el siglo XII, aunque era difícil obtener una relajación de las obligaciones de un voto cruzado, tampoco era imposible; al parecer, ya era una práctica bastante habitual en la época de la tercera cruzada.
Desde el pontificado de Alejandro III, los decretos de los papas y los comentarios de los canonistas empezaron a tener en cuenta la dispensación, la sustitución (el envío de otra persona en lugar de un cruzado), la redención (la dispensación a cambio de dinero) y la conmutación (la ejecución de otro acto penitente en sustitución del voto original). En los primeros años de su pontificado, Inocencio III estableció ciertos principios generales. Eran excepcionalmente severos, puesto que corroboraban el concepto de derecho romano de la herencia de los votos -un hijo debía cumplir un voto que su padre no había cumplido-, pero también afirmaban que el papa (aunque no sólo él) podía conceder una demora en el cumplimiento de un voto de cruzada, una conmutación o redención. La cantidad que se tenía que pagar en el caso de la redención debía equivaler a la suma que el cruzado se habría gastado durante la expedición. A partir del año 1213 se aprecia la influencia de estos reglamentos en cartas papales y en el decreto conciliar Ad liberandam (1215), referidos a procesos de conmutación, redención y aplazamiento. También se advierte dicha influencia en las acciones de Roberto de Courçon y del arzobispo Simón de Tiro, los legados responsables de la predicación de la quinta cruzada en Francia, quienes animaron a todas las personas, fuera cual fuera su condición social o estado de salud, a tomar la cruz, de modo que se pudieran recaudar fondos con las posteriores redenciones. Este proceder desató un escándalo, pero desde 1240, y a pesar de las advertencias papales, las redenciones se concedían automáticamente a cualquiera que las pidiera y pagara por ellas. No obstante, durante un breve período de tiempo tras la pérdida de los baluartes en Palestina en el año 1291, estas concesiones fueron más difíciles de obtener. Durante el siglo XIII se convirtieron en importantes fuentes de financiación, pero el sistema se prestaba al abuso y fue duramente criticado, especialmente después de los intentos poco entusiastas de los papas para reformarlo.
La fuente más importante de financiación era la imposición directa de la Iglesia por mediación de los papas: una parte sustancial de los gastos de Luis IX corría a cargo del clero francés. Los primeros atisbos de ideas novedosas en este terreno se encuentran en las cartas escritas en 1188 por el papa Clemente III al clero de Canterbury y Génova, en que los alentaba a asignar parte de sus ingresos a la causa de la cruzada. Diez años después, Inocencio III ordenó a los prelados de la cristiandad que enviaran hombres y dinero a la cuarta cruzada, y repitió este mandamiento en su carta Quia major de 1213. Sin embargo, en diciembre de 1199, había dado un paso decisivo. Al concebir el plan de enviar un nutrido ejército mercenario que cruzara el Mediterráneo hasta Egipto, había llegado a la conclusión de que la única solución era aplicar un impuesto a la Iglesia, aunque, anticipándose a la posible reacción de los obispos, les aseguró que este proceder no se convertiría en costumbre ni en ley ni establecería un precedente y les informó de que él mismo asignaría una décima parte de sus ingresos a la causa de Oriente. Ordenó al clero pagar una cuadragésima parte de sus ingresos, después de deducir todas sus posesiones en unos contratos inevitablemente usurarios; a unos cuantos religiosos se les permitió pagar una quincuagésima parte. […]
La recaudación resultó muy difícil. En el año 1201 no se había llegado a cobrar el impuesto en Inglaterra ni en Francia, y en 1208 ni siquiera se percibió en algunas partes de Italia. Aunque en 1209 Inocencio III aplicó un impuesto a las iglesias de las regiones de los cruzados que se proponían combatir los cátaros, debió de ser el fracaso de la medida de 1199 lo que le persuadió de no reclamar otra recaudación en 1213. Al cabo de dos años, el Cuarto Concilio Laterano exigió una vigésima parte durante tres años, y, aunque una vez más se hizo hincapié en la propia contribución del papa, ahora un concilio general había confirmado su derecho a cobrar impuestos al clero.»
[El texto pertenece a la edición en español de Ediciones Acantilado, 2012, en traducción de Carmen Font Paz, pp. 76-80. ISBN: 978-84-15277-60-6.]
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Realiza tu comentario: