Capítulo 11.- Democratización de la enseñanza superior: ¿politización de la ciencia?
"En los últimos meses se repite constantemente un argumento según el cual la reforma de la estructura de los centros superiores de enseñanza, y sobre todo la cogestión estudiantil, errarían el blanco de los verdaderos problemas. [...] Junto a tales argumentos, que cumplen únicamente funciones de distracción, nos encontramos también con objeciones serias. Citaré cuatro de las más importantes:
1.-Una democratización lastrará la enseñanza superior con tareas políticas que contradicen su función. En tanto que unidad políticamente constituida, se convertirá en un partido más en el seno de la lucha de los partidos. Se verá obligada con ello a la pérdida de su independencia. Ahora bien, con la promulgación de medidas que deben dotarla de capacidad de acción en el campo político, la enseñanza superior no se transforma sin más en una institución política. La enseñanza superior no aspira tampoco en ese caso a lograr y conservar el poder. Su función está determinada, ahora como siempre, por las tareas, primariamente apolíticas, de la investigación y de la enseñanza. Sin embargo, sólo puede desempeñarlas a condición de poseer capacidad de acción en el terreno político.
2.-Una democratización de los centros de enseñanza superior conduce a una politización de la ciencia, incompatible con las condiciones inmanentes del progreso científico. A ello, sin embargo, hay que objetar que una crítica científica material, que deba hacer explícitas las implicaciones prácticas de la investigación y la enseñanza, se dirige precisamente contra semejante instrumentalización de la ciencia para fines políticos, por encubierta que pueda ser.
El argumento tiene peso contra el abuso de una crítica científica rebajada a mero subterfugio. A través de la cogestión estudiantil se institucionaliza un impulso dirigido hacia la legitimación y autorreflexión de la ciencia que encierra el peligro de forzar al dominio del partidismo en cuestiones que no pueden ni deben someterse a decisiones tomadas por mayoría. Este argumento no ha de tomarse a la ligera. Toda regulación produce sus propios riesgos. De cualquier modo, en la cuestión de qué regulación comporta menores riesgos, difícilmente podrían hacerse plausibles las pretendidas ventajas del status quo. La Universidad apolítica no pudo oponer resistencia a la toma del poder académico del año 1933.
3.-Una democratización de los centros superiores facilita el surgimiento de grupos partidistas. Estos elementos se oponen a una configuración libre de la voluntad académica. Se trata de un argumento débil. En la discusión de cuestiones prácticas se introducen, con ocasión de la evaluación de consecuencias y efectos secundarios, opiniones preconcebidas e interpretaciones globales enfrentadas, ciertamente susceptibles de explicación, pero inaccesibles la mayor parte de las veces a una comprobación ad hoc. La circunstancia de la presencia de grupos permite tomar conciencia de esos puntos de cristalización. La formación abierta de grupos, que por lo demás siempre han existido de modo subrepticio, sería por ello precisamente un signo de que la configuración de las decisiones en los centros ya no podría prejuzgarse en la misma medida que hasta ahora en función de camarillas y cenáculos.
Una forma modificada del argumento sostiene que la signación de cupos fijos a votos de profesores, colaboradores científicos y estudiantes permite la consolidación de intereses estamentales y entorpece con ello la configuración de la voluntad. Sin embargo, este peligro se daría sólo si las fracciones no se formaran a través de los distintos estratos, sino sólo internamente a cada uno de ellos. De ello, no obstante, no hay ningún indicio. Sólo en cuestiones de carácter sindical pueden formarse bloques por estratos; y para estas ocasiones es también deseable una regulación de la solución de conflictos con las mismas oportunidades de predominio.
4.-En el campo técnico-profesional, una democratización de la enseñanza superior someterá a nuevos métodos de decisión colectiva cuestiones que hasta ahora eran competencia de cada profesor. Con ello surge el peligro de que el campo de juego de la iniciativa, indispensable para un trabajo científico productivo, se vea irrazonablemente limitado. Este argumento tiene peso. Pero ciertamente sólo puede mantener su relativa justificación en el marco de los límites trazados por el criterio según el cual el principio de libertad de enseñanza e investigación ya no puede reclamarse sólo para los profesores, como hasta ahora, sino que ha de hallar aplicación en el sentido de conceder derechos de participación iguales, aunque no de la misma índole, a estudiantes y colaboradores científicos".
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